Memoria histórica y controversia política
Miguel Ángel Rueda
Octubre, 2026
Resumen
Este ensayo examina la trayectoria de Antonio José de Sucre desde su formación y ascenso militar hasta su obra política, su vínculo decisivo con el territorio ecuatoriano y su asesinato en Berruecos el 4 de junio de 1830. La tesis sostiene que Sucre debe ser estudiado simultáneamente como estratega, negociador y constructor republicano, pero también como un actor situado en las tensiones, jerarquías y límites de la independencia hispanoamericana. La muerte del Gran Mariscal continúa provocando polémicas porque los hechos materiales del atentado conviven con acusaciones de autoría intelectual atravesadas por procesos judiciales tardíos, rivalidades partidistas y usos nacionales de la memoria. En lugar de dictar una culpabilidad que la evidencia disponible no permite cerrar de manera inequívoca, el texto diferencia hechos, indicios e interpretaciones. Finalmente, propone a la juventud ecuatoriana una relación crítica con los héroes nacionales: admirar el servicio público y la capacidad de concertación sin renunciar al examen documental, al pluralismo ni a la responsabilidad ética.
Palabras clave: Antonio José de Sucre, Berruecos, independencia, Gran Colombia, memoria histórica, Ecuador.
Vida, obra y muerte en Berruecos
Antonio José de Sucre ocupa un lugar singular en la historia de América del Sur. Fue un militar victorioso antes de cumplir treinta años, un negociador de normas humanitarias en medio de una guerra devastadora, una figura central en la independencia de Quito y del Perú, presidente de Bolivia y, al final de su vida, mediador en la crisis terminal de la Gran Colombia. Su biografía suele reducirse a una sucesión de batallas y honores; su muerte, por su parte, suele narrarse como un expediente que la pasión partidista da por cerrado. Ambos enfoques empobrecen el análisis.
Una lectura académica exige abandonar tanto la hagiografía como la demolición retrospectiva. Sucre fue un hombre de su tiempo, formado dentro de una sociedad jerárquica y de una cultura política que buscaba crear repúblicas en territorios devastados por la guerra. Sus decisiones expresaron principios de moderación, disciplina y legalidad, pero también las restricciones de un proyecto republicano conducido por élites militares y letradas.
Esta tensión permite comprender por qué su figura sigue siendo fértil para pensar el presente: no porque ofrezca respuestas automáticas, sino porque obliga a discutir la relación entre poder, ética, unidad política y responsabilidad ciudadana (Ayala Mora, 2020; Silva Aristeguieta, 2005).
Este ensayo examina críticamente y contrasta estudios históricos, fuentes documentales y trabajos de divulgación académica.
La pregunta central no es solo quién fue Sucre, sino qué enseña su vida —incluido el carácter controvertido de su asesinato— a una juventud ecuatoriana expuesta hoy a la polarización, la desinformación y la desconfianza en las instituciones.
Formación y primeras campañas
Sucre nació en Cumaná el 3 de febrero de 1795, en una familia vinculada a la carrera militar. Su educación incluyó matemáticas, fortificación, agrimensura y materias propias de la ingeniería, saberes que fortalecieron su capacidad para planificar movimientos, administrar recursos y leer el territorio. La revolución iniciada en 1810 interrumpió esa formación y lo incorporó muy joven a una guerra larga, marcada por derrotas, exilios, represalias y cambios de lealtad. La experiencia bélica no fue para él una aventura lineal, sino una escuela severa de organización y supervivencia (Silva Aristeguieta, 2005).
Durante la década de 1810 ascendió dentro de los ejércitos republicanos y terminó integrado al círculo de confianza de Simón Bolívar. Sucre se distinguió menos por la teatralidad del caudillo que por su método: cálculo logístico, disciplina, capacidad de redactar órdenes claras y disposición a negociar. Esa combinación ayuda a explicar su intervención en el Tratado de Regularización de la Guerra de 1820, documento que intentó limitar la violencia, proteger prisioneros y heridos y reemplazar la lógica de exterminio por reglas reconocibles para ambos bandos (Sucre, 2009). El tratado no eliminó la brutalidad de la guerra, pero mostró que la eficacia militar podía vincularse con límites jurídicos y humanitarios.
Esta faceta resulta clave para evitar una visión puramente marcial. El liderazgo de Sucre se apoyó en la fuerza, pero también en la convicción de que una victoria duradera necesitaba normas y reconocimiento del adversario. La lección conserva actualidad: la autoridad pública pierde legitimidad cuando confunde firmeza con arbitrariedad.
Pichincha y el vínculo con Quito
En 1821 Sucre fue enviado al sur para conducir la campaña de liberación de Quito. La empresa exigía coordinar tropas de procedencias diversas, asegurar rutas difíciles y articular apoyos locales y regionales. Después de reveses y reajustes, el ejército bajo su mando obtuvo la victoria de Pichincha el 24 de mayo de 1822. El triunfo precipitó el fin del control realista sobre Quito y consolidó la incorporación del territorio a Colombia, la república que la historiografía denomina Gran Colombia (Banco de la República, s. f.; Olano Alor, 2010).
Para la memoria ecuatoriana, Pichincha convirtió a Sucre en una figura fundacional. Sin embargo, la independencia no puede explicarse como obra de un solo héroe.
Junto a los batallones colombianos —entre ellos el Yaguachi, formado en Guayaquil— combatieron en Pichincha la división peruana de Andrés de Santa Cruz, que incluía granaderos argentinos y chilenos, y el batallón británico Albión (Ayala Mora, 1996). En esas filas, como en toda la guerra, hubo combatientes indígenas, mestizos, afrodescendientes y criollos, sostenidos por redes civiles que proporcionaron información, alimentos y refugio. Reconocer esa pluralidad no reduce la conducción de Sucre; la sitúa dentro de una movilización colectiva y evita que la historia nacional borre a quienes carecieron de monumentos.
Tras la victoria, Sucre ejerció funciones políticas y administrativas en Quito. Su relación con el actual Ecuador se volvió también personal: se vinculó con Mariana Carcelén, marquesa de Solanda, con quien contraería matrimonio por poder el 20 de abril de 1828, y proyectó establecerse en Quito. Esa doble pertenencia —continental por su carrera y quiteña por sus vínculos familiares y políticos— explica que su destino fuese interpretado después como una cuestión central para la naciente República del Ecuador (Pita Pico, 2012).
Ayacucho: victoria y capitulación
La campaña del Perú llevó a Sucre al punto culminante de su carrera militar. En Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, las fuerzas independentistas derrotaron al ejército realista y abrieron el camino para terminar el dominio español en la mayor parte de Sudamérica. La victoria le valió el título de Gran Mariscal de Ayacucho, conferido por el Congreso del Perú. No obstante, su significado político depende también de la capitulación acordada después de la batalla, que reguló la rendición y evitó prolongar innecesariamente el derramamiento de sangre (Ayala Mora, 2020; Silva Aristeguieta, 2005).
La imagen de Sucre como jefe magnánimo se construyó sobre esa capacidad de combinar decisión con contención. Conviene, sin embargo, no convertirla en perfección moral. Los ejércitos independentistas también actuaron dentro de estructuras coercitivas, practicaron reclutamientos forzosos y dependieron de poblaciones exhaustas. El mérito histórico de Sucre puede reconocerse sin negar que la independencia fue una guerra socialmente costosa y que la ciudadanía prometida tardó en alcanzar a amplios sectores.
La presidencia de Bolivia (1826–1828)
Después de Ayacucho, Sucre desempeñó un papel decisivo en la formación de Bolivia y ejerció su presidencia entre 1826 y 1828. Su gobierno procuró organizar la hacienda pública, establecer una administración estatal, reformar instituciones heredadas y ampliar la educación. Lofstrom (1987) interpreta esta experiencia como un esfuerzo significativo de innovación económica y social, enfrentado a la resistencia de élites regionales, a la debilidad fiscal y a conflictos internacionales. El balance no debe reducirse ni a un éxito luminoso ni a un fracaso personal.
La construcción republicana partía de una contradicción profunda. Se proclamaba la soberanía popular, pero el poder efectivo permanecía concentrado; se pretendía transformar la sociedad, pero continuaban desigualdades étnicas, económicas y territoriales de origen colonial. Sucre impulsó escuelas, colegios y medidas administrativas, aunque la capacidad estatal era escasa y el acceso efectivo a la ciudadanía seguía limitado. Además, la presencia de tropas colombianas y el origen extranjero del gobernante alimentaron resistencias legítimas y maniobras de facción (Lofstrom, 1987).
El 18 de abril de 1828, un motín en Chuquisaca dejó herido a Sucre y aceleró su salida del poder. Su renuncia puede leerse como reconocimiento de los límites de la autoridad impuesta sin consenso suficiente. También revela un rasgo que lo diferencia de varios caudillos de su época: no convirtió la presidencia en propiedad personal. Esta conducta no cancela los componentes centralistas o paternalistas de su gobierno, pero ofrece un punto de comparación valioso con la tendencia latinoamericana a prolongar el mando por la fuerza.
Tarqui y el Congreso Admirable
De regreso al Distrito del Sur, Sucre buscó una vida más cercana a Mariana Carcelén, con quien por fin hizo vida familiar en Quito desde septiembre de 1828. «Llegué aquí el 30 de septiembre; y (…) estoy ya reunido a mi familia», escribió el 6 de octubre de 1828, y añadía: «No sé cómo me irá en mi nuevo estado; una vida extraña a la que he tenido desde quince años» (Sucre, 2009, pp. XV–XVI). La guerra volvió a reclamarlo en 1829, cuando comandó las fuerzas colombianas en la campaña contra el Perú y obtuvo una victoria decisiva en el Portete de Tarqui el 27 de febrero.
También allí la dimensión negociadora acompañó a la militar: el objetivo no era la destrucción del adversario, sino una salida política al conflicto, que se plasmó al día siguiente en el Convenio de Girón (Ayala Mora, 2020). Pocos meses después, el 10 de julio de 1829, nació en Quito su hija Teresa.
En 1830 aceptó presidir el Congreso Admirable, último intento constitucional de contener la desintegración de Colombia. Participó además en una misión conciliadora frente a la separación de Venezuela. Su presencia tenía un peso simbólico evidente: era uno de los pocos dirigentes con prestigio en varias regiones y sin una base caudillista propia comparable a la de otros jefes. Pero atribuirle la capacidad segura de salvar la unión sería un razonamiento contrafactual indemostrable. Las fuerzas centrífugas —intereses regionales, disputas fiscales, rivalidades militares y desacuerdos constitucionales— superaban la capacidad de cualquier individuo (Fundación Empresas Polar, s. f.; Gutiérrez Cely, 1993).
Berruecos: lo que está probado
Al concluir sus tareas en Bogotá, Sucre emprendió el regreso hacia Quito. El 4 de junio de 1830 fue emboscado y asesinado en la montaña de Berruecos, en el actual departamento colombiano de Nariño. El ataque fue deliberado; no se trató de un accidente ni de un enfrentamiento espontáneo. La investigación posterior vinculó a José Erazo con la preparación local y señaló a Apolinar Morillo como uno de los ejecutores. Morillo fue condenado y fusilado en Bogotá el 30 de noviembre de 1842 (Gutiérrez Cely, 1993).
La autoría intelectual: una controversia abierta
A partir de allí comienza el terreno polémico. El proceso tardío acusó a José María Obando, figura dominante en el Cauca y luego presidente de la Nueva Granada, como autor intelectual. Otros relatos dirigieron la sospecha hacia Juan José Flores, jefe superior del Distrito del Sur y primer presidente del Ecuador, quien podía considerar a Sucre un rival de enorme prestigio. También circularon hipótesis sobre entendimientos entre facciones y beneficiarios indirectos del crimen. La obra de Pérez y Soto (1924) reunió un expediente extensísimo para sostener responsabilidades; frente a ella, el propio Obando había denunciado en sus Apuntamientos para la historia la denegación de sus recursos, la falsificación de testimonios y el uso de la tortura (Obando, 1842).
Es el alegato de una parte interesada, pero la historiografía posterior ha mostrado también la utilización partidista del proceso, que Tomás Cipriano de Mosquera convirtió en arma política contra Obando (Gutiérrez Cely, 1992). Por ello, es metodológicamente incorrecto afirmar que la participación conjunta de Obando y Flores quedó demostrada de manera definitiva.
Es posible reconocer móviles, oportunidades, acusaciones contemporáneas y beneficios políticos sin convertirlos automáticamente en prueba concluyente. La disputa entre obandistas, floreanos y bolivarianos prolongó durante décadas las acusaciones cruzadas, hasta el punto de que la síntesis de referencia del Banco de la República concluye que el crimen «se quedó sin esclarecer» (Banco de la República, s. f.). Ayala Mora (2008) muestra, desde el caso ecuatoriano, que esas acusaciones no se apagaron: el asesinato del general Sáenz en 1834, dirigente de El Quiteño Libre y amigo cercano de Sucre, revivió las imputaciones contra Flores por el crimen de Berruecos y alimentó la oposición antifloreana. La prudencia historiográfica no equivale a neutralidad moral frente al asesinato; significa respetar la diferencia entre sospecha, indicio, sentencia y certeza.
La polémica persiste por al menos cuatro razones:
Primero, el crimen eliminó a una figura con autoridad continental en el mismo año de la ruptura de la Gran Colombia y de la muerte de Bolívar. Esa coincidencia convirtió a Sucre en símbolo de una unidad perdida.
Segundo, varios actores señalados alcanzaron después altas posiciones políticas, de modo que la discusión sobre Berruecos se mezcló con la legitimidad de los nuevos Estados.
Tercero, la investigación judicial ocurrió más de una década después, en medio de nuevas guerras civiles y rivalidades, lo que debilitó la confianza en el procedimiento.
Cuarto, la memoria nacional necesita héroes y culpables nítidos, mientras la evidencia histórica suele ser fragmentaria y contradictoria.
La pregunta contrafactual —qué habría sucedido si Sucre hubiera llegado vivo a Quito— intensifica esas pasiones. Tal vez habría disputado el liderazgo a Flores, promovido una fórmula de reunificación o, como sugería su deseo de retiro, se habría concentrado en su familia. Dos meses antes de su muerte había escrito: «Yo trato de pertenecer exclusivamente a mi familia» (Sucre, 2009, p. XVI). Ninguna posibilidad puede demostrarse. El historiador puede valorar escenarios, pero debe marcarlos como hipótesis. Presentar un futuro imaginado como hecho es reemplazar la investigación por la nostalgia.
El asesinato tuvo, de todos modos, consecuencias políticas verificables. Privó al espacio andino de un mediador prestigioso, profundizó la sensación de derrumbe del proyecto colombiano y ofreció a distintas facciones un relato útil para desacreditar a sus adversarios. Su memoria quedó unida a la denuncia del fratricidio: la independencia, ganada frente al poder colonial, podía perderse en la violencia entre republicanos.
La memoria material del crimen guarda su propia paradoja. Temerosa de que los enemigos políticos de su esposo profanaran sus restos, Mariana Carcelén los hizo trasladar en secreto al monasterio del Carmen Bajo de Quito, donde permanecieron ocultos hasta su hallazgo el 24 de abril de 1900; en junio de ese año fueron llevados con honores a la Catedral Metropolitana (Arroyo, 2026; Torres Bucheli, 2026). En el mismo templo reposan los restos de Juan José Flores, muerto en 1864. Que la víctima y uno de los hombres señalados como posibles instigadores de su muerte compartan el principal templo de la capital puede parecer extraño, pero confirma lo que este ensayo sostiene: la República honró a ambos como fundadores sin haber despejado la sospecha que los separa. La catedral no absuelve ni condena.
Balance crítico
La grandeza histórica de Sucre no reside en una supuesta ausencia de contradicciones. Reside en haber ejercido responsabilidades excepcionales con una combinación infrecuente de competencia técnica, disciplina y moderación. Su intervención en la regularización de la guerra, la conducción de Pichincha y Ayacucho, la organización boliviana y los intentos de conciliación de 1830 muestran una trayectoria orientada a convertir victorias militares en acuerdos e instituciones (Sucre, 2009).
Al mismo tiempo, su proyecto compartió límites de la primera generación republicana: centralismo, conducción elitista, participación popular restringida y dificultad para transformar desigualdades coloniales. Juzgarlo únicamente con valores actuales sería anacrónico; excusarlo de todo examen por haber vivido en el siglo XIX sería igualmente insuficiente. La lectura más productiva conecta contexto y responsabilidad: pregunta qué alternativas eran imaginables en su tiempo, quiénes quedaron fuera de las decisiones y qué efectos produjeron las políticas.
Para Ecuador, Sucre es más que el comandante de Pichincha. Representa el carácter regional de la independencia y recuerda que las fronteras nacionales actuales no explican por sí solas los proyectos políticos de la década de 1820. Su vida enlaza Cumaná, Quito, Lima, Ayacucho, Chuquisaca, Bogotá y Berruecos. Esa geografía enseña que la historia ecuatoriana fue, desde su nacimiento republicano, profundamente andina y sudamericana.
Conclusiones
La vida de Antonio José de Sucre permite observar el paso difícil de la guerra de independencia a la construcción republicana. Su formación técnica, su capacidad estratégica y su disposición negociadora explican sus victorias, pero también su relevancia política. Pichincha lo vinculó de manera permanente con el Ecuador; Ayacucho lo convirtió en figura continental; Bolivia probó su capacidad administrativa y mostró los límites estructurales de las reformas; el Congreso Admirable confirmó su voluntad de mediación en una unión que se deshacía.
Su asesinato en Berruecos fue un magnicidio político planificado, cuyos ejecutores y cómplices locales fueron investigados tardíamente y solo en parte castigados. Sin embargo, la autoría intelectual continúa siendo materia de controversia. Las acusaciones contra Obando y Flores poseen contexto, indicios y una larga tradición documental, pero están atravesadas por irregularidades judiciales, propaganda y rivalidades. La conclusión académicamente responsable no es fabricar una absolución ni dictar una condena retrospectiva, sino exponer el grado de certeza de cada afirmación.
Sucre merece admiración crítica. Su moderación frente al vencido, su respeto por ciertas formas jurídicas y su disposición a abandonar el poder contrastan con prácticas autoritarias persistentes. A la vez, su experiencia recuerda que la virtud individual no sustituye instituciones inclusivas ni corrige por sí solas desigualdades sociales. El mejor homenaje no es repetir una leyenda sin preguntas, sino convertir la memoria en una escuela de ciudadanía.
Recomendaciones para el lector joven
Estudiar con fuentes, no solo con consignas. Comparar manuales, cartas, investigaciones y archivos; distinguir fecha, autor, contexto e interés de cada testimonio antes de compartir una afirmación histórica.
Diferenciar hechos, indicios e interpretaciones. En Berruecos, por ejemplo, el asesinato y la ejecución de Morillo pertenecen a un nivel probatorio distinto de las hipótesis sobre los autores intelectuales.
Practicar una admiración sin idolatría. Reconocer el servicio de Sucre no obliga a negar los límites de su época. Una ciudadanía madura puede valorar méritos y examinar contradicciones al mismo tiempo.
Defender la política como concertación. La trayectoria de Sucre muestra que negociar no es traicionar principios. En una democracia polarizada, escuchar, argumentar y construir acuerdos son formas exigentes de valentía cívica.
Rechazar la violencia como atajo al poder. Berruecos simboliza el costo del magnicidio y del fratricidio político. Ninguna diferencia ideológica justifica eliminar al adversario o celebrar su deshumanización.
Vincular identidad nacional e integración regional. Pichincha y Ayacucho fueron empresas de pueblos diversos. Conocer esa cooperación ayuda a comprender al Ecuador como parte de una historia andina compartida.
Convertir la memoria en servicio. El homenaje más coherente a Sucre consiste en participar: cuidar lo público, combatir la corrupción cotidiana, respetar la ley y aportar desde la educación, la comunidad y el trabajo.
Usar responsablemente los medios digitales. Antes de difundir versiones sensacionalistas, verificar procedencia, fecha y evidencia. La alfabetización histórica es también alfabetización contra la desinformación.
Referencias
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